Durante el Gobierno de Uribe han sido asesinados casi 600 sindicalistas

Colombia fue el país con más sindicalistas asesinados en 2009

SURda

Internacionales

Confederación Sindical Internacional

El Informe Anual de la CSI sobre los derechos sindicales documenta un impresionante incremento en el número de sindicalistas asesinados en 2009: 101 muertes – un 30% más que el año anterior. El Informe, publicado el día de hoy, expone además la creciente presión que pesa sobre los derechos fundamentales de los trabajadores de todo el mundo debido al impacto, cada vez más profundo, de la crisis económica global en el empleo. De las 101 víctimas, 48 fueron asesinadas en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, seis en México, seis en Bangladesh, cuatro en Brasil, tres en la República Dominicana, tres en Filipinas, una en la India, una en Iraq y una en Nigeria. Veintidós de los sindicalistas colombianos asesinados eran dirigentes sindicales, y cinco de ellos mujeres, lo que mantiene la acometida registrada en años anteriores. La escalada de la violencia en Guatemala y Honduras también sigue una tendencia que se ha venido desarrollando en los últimos años.
“Colombia ha vuelto a ser el país donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte, a pesar de la campaña de relaciones públicas del Gobierno colombiano en el sentido contrario. El empeoramiento de la situación en Guatemala, Honduras y varios otros países es también motivo de extrema preocupación”, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.
El informe de este año vuelve a registrar una extensa lista de violaciones sufridas por sindicalistas que luchan por defender los intereses de los trabajadores, en esta ocasión en 140 países. Otras violaciones siguen sin ser registradas debido a que mujeres y hombres trabajadores se ven privados de los medios necesarios para hacer oír sus voces, o bien prefieren no hablar por miedo a las consecuencias que ello pudiera implicar para sus empleos o incluso para su seguridad física. Junto con la abrumadora lista de asesinatos, el Informe proporciona documentación detallada de acosos, intimidaciones y otras formas de persecución antisindical.
Se ha tenido además noticia de otros 10 intentos de asesinatos y 35 amenazas de muerte, una vez más en Colombia y Guatemala principalmente. Por otro lado, numerosos sindicalistas permanecen en prisión, y en 2009 se sumaron a ellos un centenar más. Muchos otros fueron arrestados en Irán, Honduras, Pakistán, Corea del Sur, Turquía y Zimbabwe concretamente. La situación general con respecto a los derechos sindicales continuó deteriorándose en numerosos países, entre ellos Egipto, la Federación Rusa, Corea del Sur y Turquía.
Las fuerzas antidemocráticas han seguido tomando como blanco de sus ataques la actividad sindical, conscientes de que los sindicatos suelen situarse en primera línea a la hora de defender la democracia. Esto quedó patente en Honduras, durante los episodios de violencia que siguieron al Golpe de Estado; y en Guinea, durante una manifestación de protesta contra la Junta en el poder que desembocaría en una terrible matanza el 28 de septiembre.
En cada una de las regiones se documentaron numerosos casos de represión de huelgas y ataques contra huelguistas. Miles de trabajadores y trabajadoras que se manifestaban para reclamar sus salarios, denunciar unas condiciones de trabajo extremas o los efectos perniciosos de la crisis financiera y económica mundial, fueron objeto de agresiones, arrestos y detenciones, en países como Argelia, Argentina, Belarús, Birmania, Côte d'Ivoire, Egipto, Honduras, India, Irán, Kenya, Nepal, Pakistán y Turquía. También se ha tenido noticia en muchos países de despidos de trabajadores/as a causa de sus actividades sindicales. En Bangladesh, seis trabajadores de la confección que estaban en huelga para reclamar un incremento salarial y el pago de salarios adeudados perdieron la vida como consecuencia de una intervención policial.
Los empleadores siguieron recurriendo a presiones y acciones encaminadas a destruir los sindicatos. En varios países, diversas empresas amenazaron a los trabajadores con cerrar las plantas de producción si optaban por organizar o afiliarse a un sindicato. Muchas veces, sencillamente se negaron a negociar con los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, sin que las autoridades hiciesen nada al respecto. Algunos códigos laborales fueron enmendados para permitir una mayor “flexibilidad” y para desbaratar los sistemas de seguridad social, lo cual suele tener un impacto importante en el sistema existente de relaciones industriales y redunda en un recorte de los derechos sindicales.
El debilitamiento de las normas del trabajo internacionalmente reconocidas ha supuesto que cada vez más trabajadores se enfrenten a la inseguridad y vulnerabilidad en el empleo: el 50% de la mano de obra global tiene un trabajo vulnerable. Esto afecta a los trabajadores y trabajadoras en las zonas francas industriales, especialmente en el Sudeste asiático y en América Central; a los empleados del servicio doméstico, sobre todo en Oriente Medio y el Sudeste asiático; a los migrantes y a los trabajadores/as agrícolas.
Conviene mencionar que las mujeres representan la mayoría de la mano de obra en estos sectores. Por otro lado, se ha constatado el crecimiento del empleo informal y el desarrollo de nuevas formas de empleo “atípico”, tanto en las regiones como en los distintos sectores industriales. Las dificultades que encuentran estos trabajadores a la hora de organizarse o de ejercer sus derechos sindicales guardan relación directa con su posición vulnerable en el mercado laboral.
El Informe también pone de relieve muchos casos en los que, aun cuando los derechos sindicales están oficialmente protegidos por la legislación, las restricciones en la cobertura legal y una aplicación débil o inexistente se suman a la vulnerabilidad de los trabajadores que luchan en las profundidades de la crisis. En un gran número de países las huelgas están severamente restringidas o rotundamente prohibidas. Por otro lado, unos procedimientos complejos, la imposición del arbitraje obligatorio y el recurso a definiciones excesivamente amplias de los “servicios esenciales” hacen que el ejercicio de los derechos sindicales resulte a menudo imposible en la práctica, con lo que se priva a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos legítimos a contar con una representación sindical y a participar en acciones industriales.
El informe de la CSI constata que en 2009 se celebró el 60º Aniversario del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Países como Canadá, China, India, Irán, República de Corea, México, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam todavía no lo han ratificado, lo que implica que aproximadamente la mitad de la población económicamente activa del mundo no está cubierta por dicho convenio.
“El informe de la CSI de este año muestra que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del mundo todavía carecen de una protección efectiva de sus derechos a organizar sindicatos y negociar colectivamente, un factor importante del incremento a largo plazo de la desigualdad económica dentro y entre los países. Los ingresos inadecuados para la mayoría de la mano de obra mundial contribuyó a provocar la crisis económica global, y está haciendo que resulte mucho más difícil encauzar la economía por la vía del crecimiento sostenible”, dijo Ryder.
Para leer el Informe en español:  http://survey.ituc-csi.org/+-Whole-World-+.html?lang=es

Capítulo de Colombia

Persiste la violencia histórica y estructural contra el movimiento sindical colombiano que se traduce en una política sistemática de violación de los derechos humanos y de las libertades sindicales. Durante los últimos 23 años, aproximadamente cada tres días ha sido asesinado un trabajador o trabajadora sindicalizado en el país. En 2009, se cometieron 48 homicidios de sindicalistas, siendo los sectores de la agricultura y la educación los más afectados. A los asesinatos se suman por lo menos 400 casos de atentados a la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas, incluyendo varios intentos de asesinato y tres desapariciones. Las medidas adoptadas por el Estado resultan ineficaces e insuficientes y persisten los homicidios, las desapariciones y las amenazas. Los esfuerzos desplegados para investigar los crímenes son parciales y no se toma en cuenta todos los casos denunciados por las organizaciones sindicales. Permanecen en la ley algunas limitaciones a los derechos sindicales, pese a la introducción de recientes mejoras. Derechos sindicales según la ley
Se han dado muchos cambios positivos en la situación de los derechos sindicales en los últimos años, con nuevas leyes y decisiones de los tribunales que han mejorado la protección contra la discriminación antisindical y la injerencia sindical, el reconocimiento de los sindicatos, la negociación en el sector público y que han limitado claramente el arbitraje obligatorio. La libertad sindical está además consagrada en la Constitución como derecho básico. No obstante, existen problemas con relación a diversos acuerdos contractuales, como las cooperativas de trabajadores, los contratos de prestación de servicios y los contratos civiles o mercantiles, que encubren verdaderas relaciones de trabajo y que son utilizados para no permitir a los trabajadores constituir sindicatos.
Por otro lado, aun cuando el derecho a la negociación colectiva está asegurado, el sistema de pensiones no está cubierto por la negociación colectiva. También hay posibilidad de concluir “pactos” colectivos con los trabajadores directamente, que pueden ser utilizados para socavar la posición de los sindicatos.
El derecho de huelga está asimismo incluido en la Constitución, pero la ley sigue prohibiendo que las federaciones y confederaciones convoquen huelgas. Siguen vigentes en la legislación normas de 1956 y 1990 en las que se prohíben las huelgas, las mismas que se aplican a una gama muy amplia de servicios públicos que no son necesariamente esenciales.

Derechos sindicales en la práctica y violaciones en 2009 
Contexto:  Durante 2009, el desempleo ascendió hasta un 12%, también aumentó la informalidad, que afecta al 58% de la población económicamente activa. La mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales no logró alcanzar un acuerdo en materia de incremento del salario mínimo para el año 2010, a pesar de los esfuerzos realizados por los representantes de los trabajadores. El Gobierno y las fuerzas militares se han visto involucrados en múltiples ejecuciones extrajudiciales incluyendo los escándalos en torno a los denominados “falsos positivos”, que involucran al ejército colombiano con cerca de 2.000 asesinatos de civiles inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate, motivados principalmente por los beneficios otorgados a miembros de la fuerza pública y funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) mediante el decreto 1400 de 2006 expedido por la Presidencia de la República. Por otro lado, algunos partidos políticos afectos al Gobierno promueven un referéndum para cambiar nuevamente la Constitución, posibilitando así una nueva reelección en el año 2010. 
La legislación contribuye a la disminución de organizaciones sindicales:  Las leyes colombianas han influido en la disminución del número de organizaciones sindicales, especialmente desde que se aprobara la Ley 50 de 1990, que en la práctica prohíbe a los trabajadores/as afiliarse a un sindicato bajo la amenaza de no renovarles sus contratos individuales de trabajo, que en base a dicha ley se están celebrando a término fijo inferior a un año. Esta situación se agravó con la Ley 789 de 2002, expedida por el Gobierno nacional supuestamente para estimular la creación de nuevos empleos. 
Pactos colectivos:  A pesar de registrarse un ligero incremento en el número de convenciones colectivas firmadas durante el año 2009 (360, frente a 280 en 2008 según cifras del Ministerio de la Protección Social), continúa violándose el Convenio 98 de la OIT. Este año todavía se firmaron 221 pactos colectivos (el mismo número que en 2008), usados por los empleadores para ofrecer mejores garantías a los no sindicalizados y lograr que los trabajadores/as desistan de afiliarse a sindicatos. La negociación colectiva sigue limitada para los empleados/as públicos:  Persiste la negativa del Gobierno nacional a garantizar el pleno ejercicio del derecho de negociación colectiva a los empleados públicos, a pesar de que Colombia haya ratificado los Convenios 151 y 154 de la OIT y de la expedición del Decreto 535 de 2009, que en realidad únicamente hace referencia a la concertación, situación muy distinta a la negociación colectiva. 
Incremento de la tercerización laboral:  La subcontratación o tercerización laboral sigue en pleno auge, principalmente con la creación de Cooperativas de Trabajo Asociado. Los asociados no ser considerados como trabajadores, no disfrutan de los derechos básicos consagrados en la legislación laboral, aplicándoles la legislación cooperativa y no el régimen del trabajo. Tampoco disponen de la posibilidad de afiliarse a un sindicato, entre otras razones por no ser trabajadores/as. 
Prácticas para evitar la afiliación :  Los contratos de prestación de servicios, también denominados Ordenes de Prestación de Servicios (OPS), y la contratación civil hacen inviable que el personal involucrado pued afiliarse a organizaciones sindicales, al ser considerados como trabajadores con un régimen legal independiente del laboral. Asesinatos de sindicalistas:  En 2009, se cometieron 48 homicidios de sindicalistas entre los que figuraban al menos cinco mujeres y 22 dirigentes sindicales, entre ellos dos mujeres. En cuanto a los presuntos responsables, sólo se tiene indicios sobre un presunto autor en 12 casos, de éstos, se encuentran en primer lugar los asesinatos cometidos por grupos paramilitares con siete casos, en segundo lugar, los cometidos por grupos guerrilleros con cuatro casos y finalmente un caso cometido por delincuencia común. Estos se suman a por lo menos 500 casos de atentados a la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas en Colombia durante el mismo año, entre las que se encuentran 11 intentos de homicidio y tres desapariciones.
La organización sindical más afectada por homicidios en 2009 es la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) con 19 casos, la segunda es la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), de la cual fueron asesinados 11 de sus miembros; en tercer lugar, la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC) con tres casos y finalmente, la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC), con dos casos. Respecto a los departamentos con mayor número de homicidios es de destacar que sólo en Arauca, Santander y Córdoba se presentan la mitad del total de homicidios en 2009, con 10, nueve y cinco casos respectivamente.
De los 48 casos, cabe destacar los siguientes:
El 16 de enero fue asesinado Arled Samboni Guaca, integrante de la Asociación Campesina de Trabajadores del Municipio de Argelia “ASCAMTA”, filial de FENSUAGRO-CUT. Arled Samboni Guaca salía de su casa en compañía de su hijo de seis años cuando fue interceptado por dos sujetos que le dispararon siete balazos. En septiembre de 2008 había sido amenazado y desplazado forzosamente con su núcleo familiar, por los narco paramilitares autodenominados los “Rastrojos”.
El 21 de marzo, fue asesinado Walter Escobar, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV). Encontraron su cadáver en el municipio de Palmira. Hacía ocho días que no asistía al centro escolar donde trabajaba.
También el 21 de marzo, José Alejandro Amado Castillo, guardia penitenciario y afiliado a la ASEINPEC, se desplazaba en un vehículo oficial cuando fue asesinado por sicarios.
El 24 de marzo, fue asesinado Ramiro Cuadros Roballo, afiliado al SUTEV. Venía recibiendo amenazas desde hacía años.
El 4 de abril, fue asesinado Hernán Polo Barrera, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Administrativos al Servicio de la Educación en Colombia (SINTRENAL). Su hija de 16 años resultó herida. Dos semanas antes Hernán Polo Barrera había liderado varias acciones de protesta en Montería.
El 18 de abril, fue asesinado Asdrúbal Sánchez Pérez, afiliado a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC).
El 22 de abril, presuntos paramilitares asesinaron al activista sindical Edgar Martínez en el municipio de San Pablo (Bolívar). Martínez formaba parte de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBO), organización que ha venido recibiendo amenazas de grupos paramilitares y siendo víctima de hostigamiento por parte de la fuerza pública.
El 22 de abril, fue asesinado el docente Víctor Franco Franco, miembro del Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), filial de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). El profesor fue retenido por hombres armados en la noche del 22 de abril que, después de torturarlo, lo asesinaron de un tiro de gracia.
El 24 de abril, fue asesinado el profesor Milton Blanco Leguizamón, afiliado a ASEDAR. El asesinato tuvo lugar en una población totalmente militarizada y custodiada tanto por el ejército como por la policía.
El 9 de mayo, fue asesinada Vilma Cárcamo Blanco, odontóloga y miembro de ANTHOC. Venía liderando las jornadas de protesta para reclamar el pago de salarios atrasados y la negociación del Pliego de Solicitudes Respetuosas.
El 9 de junio, fue asesinado Pablo Rodríguez Garavito de ASEDAR, por desconocidos que le propinaron varios disparos.
El 11 de junio, fue asesinado por desconocidos Jorge Humberto Echeverri Garro, maestro de la escuela del Municipio de Arauquita, miembro de ASEDAR.
El 20 de junio, fue asesinado Rafael Antonio Sepúlveda Lara, afiliado a la ANTHOC.
El 21 de agosto, fue asesinado en su casa Gustavo Gómez, trabajador de Nestlé - Comestibles la Rosa S.A. y afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL). Este crimen se produjo en momentos en que SINALTRAINAL había presentado un pliego de peticiones a la empresa Nestlé Purina Pet Care de Colombia S.A.
El 22 de agosto, dos sujetos en motocicleta asesinaron a Fredy Díaz Ortiz, afiliado a ASEINPEC, después de haberlo golpeado brutalmente.
El 23 de agosto, Abel Carrasquilla fue asesinado, según testigos, por miembros de las bandas paramilitares “Los Rastrojos". El hecho ocurrió después de que Carrasquilla estuviera promoviendo la afiliación a la Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS) en la empresa donde trabajaba.
El 13 de noviembre, fue asesinada la docente Zorayda Cortés López, afiliada al Sindicato de Educadores de Risaralda (SER).
El 24 de noviembre, fue encontrado el cuerpo de Leny Yanube Rengifo Gómez, docente y activista sindical afiliada a la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (ASOINCA). Había desaparecido el 12 de noviembre.
Persecución sindical en la Cruz Roja:  En la Cruz Roja Colombiana, principalmente en las Seccionales de Cundinamarca y Antioquia, se viene implementando una implacable persecución sindical contra el sindicato establecido en dicha organización, SINTRACRUZROJA COLOMBIA, que se agudizaron especialmente en los meses de julio, agosto y septiembre. Esos atropellos fueron denunciados a nivel administrativo y judicial ante la Corte Suprema de Justicia. La Cruz Roja de Cundinamarca intentó retirar a los trabajadores y trabajadoras una serie de beneficios extralegales por el simple hecho de haberse afiliado a SINTRACRUZROJA. En la seccional de la Cruz Roja en Antioquia, sin causa justificada, en octubre se solicitó el levantamiento del fuero sindical de una de sus directoras para poderla despedir. Negociación colectiva con el Decreto 535/09 no genera obligaciones:  En la concertación entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) se alcanzaron algunos acuerdos con base al nuevo Decreto, pero el Gobierno nacional tan sólo ha cumplido con tres de los puntos acordados. El ejercicio de la huelga continúa ocasionando perjuicios a los sindicatos:  A pesar de que la declaración de ilegalidad de una huelga ha pasado a ser competencia de una entidad judicial, siguen produciéndose violaciones, dado que continúan teniendo vigencia normas contrarias a los convenios. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (SINTRAMIENERGETICA), establecido en la empresa Drummond, realizó una huelga para protestar por las violaciones a las normas de salud ocupacional, que ocasionaron la muerte de varios trabajadores en las plantas y la mina de carbón que esta multinacional explota en el departamento del César. A pesar que en primera instancia la huelga fue reconocida como legal y legítima, en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia declaró la huelga ilegal, con la consecuencia establecida por el Art. 450 CST, esto es, la facultad para despedir a quienes hayan participado en la huelga, situación que los órganos de control de OIT han declarado contraria a los Convenios de libertad sindical. La defensa de los derechos de los trabajadores mineros a través de la huelga pacífica desembocó por tanto en el despido de 11 dirigentes de SINTRAMIENERGETICA. Arremetida de Telmex contra la libertad sindical :  A partir del 19 de enero, la multinacional de telecomunicaciones Telmex empezó a despedir de forma ilegal a varios dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Telmex (Sintratelmex), afiliado a la Confederación General del Trabajo (CGT), pretendiendo dejar a la organización con un número de afiliados inferior a 25. Esta situación hizo necesario iniciar una acción sindical a fin de reintegrar a los trabajadores/as ilegalmente despedidos, lo que se consiguió. Telmex inició ante la justicia ordinaria laboral un proceso especial de disolución, liquidación y cancelación de la personería jurídica de la recién creada organización sindical, sin lograrlo. La arremetida ha continuado hasta tal punto que, a la fecha, la empresa ha despedido a más de 30 de sus trabajadores sin justa causa y con el único propósito de atacar el derecho de asociación sindical. Despidos masivos en el sector educativo en Barranquilla:  El 22 de enero, el Alcalde de Barranquilla inició un proceso de reestructuración que culminaría con el despido de alrededor de 2.300 trabajadores/as, entre los cuales había 390 docentes miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla (SINTRAEDIBA), afiliado a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). También fueron despedidos trabajadores/as de entidades del orden municipal y hospitales afiliados a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La medida fue implementada de manera inusual y despiadada por los vigilantes de las escuelas públicas que, durante la noche, sacaron a los trabajadores/as a la fuerza de sus lugares de trabajo y les notificaron su despido. La protesta pacífica organizada por las organizaciones sindicales fue duramente reprimida por agentes de la Fuerza Pública. Posteriormente se recibiría una amenaza por medio de un panfleto en el que un “Frente común paramilitar” declara “objetivo militar para darle muerte” a un listado de 20 personas, entre los que se encuentran varios dirigentes sindicales. Trabajadores de SINTRAINAGRO amenazados:  En los últimos días del mes de febrero y las dos primeras semanas de marzo, los trabajadores/as del banano en la región de Urabá miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), que está afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fueron objeto de amenazas de muerte mediante panfletos que circularon días antes del inicio de la negociación del pliego de peticiones en relación con las condiciones de trabajo. Graves amenazas contra miembros de la Comisión Colombiana de Juristas por su labor de denuncia sobre la impunidad de la violencia antisindical:  El 2 de marzo, se recibió un fax en el que se declaraba como objetivo militar a Lina Paola Malagón Díaz, abogada defensora de derechos sindicales abocada al tema de la impunidad en casos de violaciones cometidas contra los sindicalistas en Colombia. En febrero, Lina Paola Malagón realizó un informe sobre la impunidad existente en los crímenes que se cometen en Colombia contra los sindicalistas por sus actividades de defensa de los derechos laborales que fue un insumo importante para la audiencia que se llevó a cabo el 12 de febrero en el Congreso estadounidense y cuyo propósito fue examinar la situación de los derechos de los trabajadores en Colombia y la violencia antisindical. El 5 de marzo, la CSI envió una queja al Comité de Libertad Sindical en el marco del caso 1787. Implementación de política antisindical:  El 5 de marzo, la multinacional peruana de bebidas AJECOLOMBIA implementó una política de persecución sindical contra SINTRAAJE, afiliado a la Confederación General del Trabajo (CGT), despidiendo unilateralmente a directivos del sindicato. La empresa abrió además discutidos expedientes disciplinarios contra los dirigentes del sindicato y sus activistas, que culminarían con su despido. Estos despidos obligaron a la organización sindical a iniciar procesos de fuero sindical ante la justicia ordinaria, solicitando su reintegro. Interceptadas llamadas telefónicas de la CUT y la CTC:  En mayo, los medios de comunicación dieron gran difusión a las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno sobre las intervenciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a posibles opositores del Gobierno y a funcionarios de éste, pero especialmente a las Altas Cortes, al Vicepresidente de la República y a organizaciones sociales. Entre las organizaciones interceptadas figuraban la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). También, se venían interceptando las comunicaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, y de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Detención del Presidente de SINALTRAINAL de Cali:  Durante la marcha conmemorativa del 1 de mayo en la ciudad de Cali, fue detenido Diego Rodríguez, Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) en Cali, junto a sus dos hijos Diego de 16 años y Laura de 15. Los tres fueron amenazados, intimidados y golpeados por agentes de la Policía Nacional. Despido de trabajadores por crear un sindicato:  El 9 de mayo, la empresa Atlas Trasvalores de Medellín despidió a 11 trabajadores que pretendían fundar un sindicato y otros cuatro fueron obligados a renunciar. Amenazado de muerte el Presidente de SINALTRAINAL:  El 24 de noviembre, Luis Javier Correa Suárez, Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), recibió amenazas de muerte al teléfono celular que le fuera asignado por el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia. Por otro lado, el 20 de noviembre, habían ingresado al teléfono fijo de SINALTRAINAL dos llamadas, una confirmando la recepción de un fax y otra donde un hombre decía que llamaría a las seccionales para comunicarles el contenido del fax y que Coca Cola tenía relaciones e influencias “con el Gobierno y los hijos de Álvaro Uribe”. Esta amenaza de muerte llegó a pocos días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificara su decisión de ampliar las medidas cautelares a integrantes de SINALTRAINAL y cuando el sindicato se encuentra involucrado en un conflicto colectivo con la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. (embotelladora de Coca Cola), que no ha querido firmar la convención colectiva de trabajo pese a haberse llegado a un acuerdo en la negociación del pliego de peticiones presentado a la empresa. 185 trabajadores despedidos por sindicalizarse:  El 23 de diciembre, 185 trabajadores/as de los 200 que trabajaban en la Finca Palo Alto se afiliaron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) y presentaron un pliego de peticiones. En cuanto tuvo conocimiento de la situación, la empresa despidió a los 185 trabajadores, adeudándoles un mes de salario, el seguro de salud, el subsidio familiar, el seguro funerario, prestaciones que les eran descontados a los trabajadores pero que no habían sido pagadas a las respectivas entidades desde hacía siete años.